Según la normativa vigente, el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, es netamente administrativo y se basa en la tramitación electrónica en todas sus fases, lo que permite reducir los plazos de resolución de los expedientes y su agilización.
El procedimiento se inicia por la solicitud del interesado o de su representante legal o voluntario, en formato electrónico, presentada en sede electrónica del Ministerio de Justicia, acompañada de la documentación correspondiente. Esta presentación que requiere la identificación y firma electrónica del interesado o de su representante legal o voluntario, facilita al interesado un justificante de presentación y un número de expediente que le permitirá consultar el estado de tramitación a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Tramitación telemática de solicitud de nacionalidad española por residencia
Con la tramitación telemática de las solicitudes de nacionalidad española por residencia, se agilizan los procedimientos, se reducen los plazos y la complejidad de los expedientes. Beatriz Lujan, Gestor Administrativo, gestor de nacionalidades tramita solicitudes de nacionalidad española por residencia de manera telemática y online, gracias al protocolo de colaboración suscrito por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos con el Ministerio de Justicia, esperando la tramitación total de los expedientes de nacionalidad española por residencia en corto plazo, en mucho menos de un año.
Divorcio de mutuo acuerdo de extranjeros residentes en España
Para la declaración de divorcio del matrimonio, por el procedimiento de mutuo acuerdo en España, el Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de los cónyuges formula la solicitud de DIVORCIO aportando el convenio regulador y la documentación necesaria. Ambos cónyuges se ratifican en el convenio regulador y el Juez declara el DIVORCIO de los cónyuges aprobando el Convenio Regulador aportado.
Sobre el salario de los trabajadores por la prestación profesional de los servicios laborales
Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo.
No tienen la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana
La Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe las identificaciones policiales por razón étnica, se prohíbe las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, regula los cacheos y limita a seis horas la retención policial de carácter provisional, el uso de imágenes o datos de policías será infracción si se pone en peligro su seguridad, será falta grave una concentración ante el Congreso que ocasiona graves perturbaciones, las multas se producirán por tramos que son grados mínimo, medio y máximo. Ante un hecho calificado muy grave, el infractor puede ser multado en el grado mínimo, medio o máximo, según las circunstancias de su conducta, aunque para fijar la cuantía de la multa, se tendrá en cuenta su capacidad económica.
Renovación de autorización de residencia en España, constando antecedentes penales al extranjero
En una renovación de la autorización de residencia y trabajo, o de una autorización de residencia de larga duración, en caso de existir antecedentes penales se debe valorar la condena en función de las circunstancias del supuesto caso en concreto.
En los supuestos de permisos o autorización inicial de residencia y trabajo la tenencia de antecedentes penales impide su concesión, y cuando se trata de una renovación de la autorización de residencia y trabajo, o de una autorización de residencia de larga duración, las normas de aplicación determinan que en caso de existir antecedentes penales se debe valorar dicha condena en función de las circunstancias del supuesto caso en concreto.